El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, asegura que durante la administración del presidente Donald Trump han sido transferidas 313 personas requeridas por la justicia mexicana para enfrentar procesos penales en territorio nacional.
El diplomático afirmó que estas acciones forman parte de la coordinación permanente entre agencias de seguridad de ambos países y destacó que las personas entregadas eran buscadas por delitos graves, entre ellos homicidio, agresión sexual y explotación de menores. Según Johnson, la colaboración entre ambas naciones ha permitido localizar, detener y devolver a individuos con órdenes de aprehensión vigentes en México.
Las declaraciones de Johnson estuvieron acompañadas por la difusión de un caso reciente en el que agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense capturaron y devolvieron a México a un ciudadano buscado por delitos relacionados con prostitución de menores y agresión sexual. El embajador presentó este hecho como un ejemplo de la coordinación operativa que mantienen las instituciones de seguridad de ambas naciones.
Uno de los puntos que más polémica ha generado es que las autoridades mexicanas han sostenido que Estados Unidos no ha concretado extradiciones relevantes durante la actual administración, mientras que Washington presume la entrega de cientos de personas buscadas por la justicia mexicana.
Las extradiciones son procesos jurídicos complejos que requieren la intervención de tribunales, revisión de pruebas y el cumplimiento de tratados internacionales. En contraste, muchas de las personas mencionadas por el embajador estadounidense habrían sido retornadas mediante procedimientos migratorios o administrativos, conocidos comúnmente como transferencias o deportaciones coordinadas.
Esta diferencia jurídica explica por qué ambos gobiernos presentan cifras aparentemente contradictorias sobre la cooperación en materia de justicia.
La controversia surge además después de que la presidenta Claudia Sheinbaum señalara públicamente que numerosas solicitudes de extradición presentadas por México continúan sin resolverse en Estados Unidos, relacionadas con presuntos responsables de delitos graves, entre ellos casos vinculados con corrupción, delincuencia organizada y desapariciones.
La postura mexicana ha sido que la cooperación bilateral debe basarse en criterios de reciprocidad y corresponsabilidad, especialmente frente a fenómenos delictivos que afectan a ambos países.