La violencia política contra las mujeres en México se ha visibilizado, pero no se ha frenado. En los más recientes procesos electorales celebrados en el país, se registró el mayor número de candidatas postuladas a un cargo público, incluida la presidencia de la República, pero a la par se presentó la mayor cantidad de ataques en razón de género. En términos de paridad, la elección de 2024 fue histórica, ya que de ahí surgieron la primera presidenta de México; un Congreso paritario con un número inédito de senadoras y diputadas federales; cientos de alcaldesas y diputadas locales; y cuatro gobernadoras, que llevaron al país a un máximo histórico de 13 entidades con una mujer al frente de un Estado. Pero también fue la elección más violenta de la historia para ellas. Según diversos informes de las autoridades electorales, las mujeres en campaña son víctimas de ataques en redes sociales, agresiones en medios de comunicación, obstáculos para ser candidatas, denostación y descalificación, ataques verbales y físicos, retiro y destrucción de su propaganda, amenazas, intimidación, hostigamiento, violencia sexual y psicológica, discriminación dentro de sus propios partidos y, recientemente, diversos tipos de violencia digital. Se trata de ataques que crecen en paralelo a una mayor participación en la política, derivada de las reformas de paridad implementadas desde 2019. “Si bien la paridad ha impulsado la presencia de las mujeres de manera importante, al tener mayor exposición mediática, las candidatas fueron blanco de mayor violencia en razón de género”, concluye el Instituto Nacional Electoral (INE) en un informe en el que analiza el uso de la inteligencia artificial, la proliferación de las noticias falsas, la difusión de mensajes de odio, la violación a su privacidad por medio de espionaje y la propagación de videos manipulados, como nuevas formas de agresión para afectar e inhibir la participación de las mujeres en los comicios. En el proceso electoral 2024, el INE recibió 215 quejas formales por violencia política en contra de las mujeres en razón de género, que equivalen al 42% de las 511 que se habían registrado en cuatro años, desde la reforma constitucional aprobada en 2020 para prevenir y sancionar esta conducta. El INE identificó a 157 víctimas, en su mayoría candidatas a diputadas federales, senadoras o presidentas municipales, y procedió contra 266 probables infractores. El Registro Nacional de Personas Sancionadas por esta conducta, que opera desde abril de 2020, multiplicó a las personas inscritas, para llegar a la cifra de 438 sancionados, 360 hombres y 78 mujeres. Aunque la mayoría son ciudadanos comunes (91), en el registro hay presidentes municipales, regidores, funcionarios del ámbito estatal o federal y 53 periodistas. “Hemos avanzado, pero hay pendientes” México es un país pionero en la regulación de la paridad y la prevención de la violencia política que se ejerce contra las mujeres. En 2019 se aprobó la reforma de paridad total y, en 2020, la reforma en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género, las cuales llevaron a la Constitución una serie de acuerdos y medidas que había implementado el INE durante más de una década. De esas reformas surgieron normas y protocolos que buscan mejores condiciones de competencia política para las mujeres, paridad en los cargos públicos y un entorno libre de violencia para candidatas y funcionarias públicas. Algunos ejemplos son los acuerdos para que los partidos postulen igual o mayor número de mujeres a las gubernaturas en un mismo ciclo electoral, las medidas para generar congresos paritarios a nivel federal y local, la creación de un observatorio de participación de las mujeres; los mecanismos para prevenir la violencia política, como el 8 de 8 que impide que personas violentadoras puedan competir por un cargo público, el Registro Nacional de Personas Sancionadas, los monitoreos especializados para detectar la violencia mediática y en redes sociales y, más recientemente, el modelo integral de atención a víctimas de violencia política que el INE ha comenzado a implementar a partir de febrero. La consejera Claudia Zavala, integrante de la Comisión de Igualdad de Género del INE, explica que los avances en materia de paridad han permitido que hoy las mujeres no solo compitan por los cargos, sino que accedan a ellos, lo que ha generado un efecto no deseado de mayor violencia política en razón de género. Zavala lamenta que, a la violencia que se expresa de forma material, hoy se añada una violencia digital y simbólica que busca estereotipar a las mujeres, atacarlas por jugar nuevos roles y encasillarlas en las actividades tradicionales que se les asignaban en el pasado. “En la medida en la que hemos avanzado en cumplir con el principio de paridad, generando esquemas que permiten que las mujeres no sólo compitan, sino que realmente accedan al poder, los datos nos demuestran que se incrementa la violencia, tanto en las campañas, como en el ejercicio del cargo y al interior de los partidos, donde tenemos un enorme rezago”, comenta la consejera. Claudia Zavala llegó al INE en 2017 y está por concluir su encargo el próximo 4 de abril. Desde su experiencia de nueve años, la consejera percibe avances institucionales tanto en paridad como en prevención de la violencia, pero reconoce que persisten formas de discriminación, violencia e inequidad. Zavala considera que es necesario perfeccionar los protocolos para que, por ejemplo, los sancionados por violencia de género, efectivamente, sean impedidos de volver a ocupar cargos públicos, ya que hay casos de personas que son reincidentes hasta en 10 ocasiones y vuelven a ser funcionarios municipales o legisladores. En el proceso electoral 2023-2024, el INE implementó un programa piloto de atención a víctimas que arrojó datos importantes, como el hecho de que buena parte de la violencia se genera a nivel municipal, muchos casos ocurren dentro de los partidos políticos, y algunas mujeres preferían denunciar en horas de la madrugada, probablemente por temor. De ese programa piloto surgió la necesidad de crear un mecanismo integral, que incluya prevención, atención psicológica, acompañamiento y asesoría jurídica, que aún debe concluirse. Zavala considera necesario que el INE mantenga este