El gobierno del presidente Javier Milei endureció nuevamente su política migratoria al modificar la Ley de Migraciones mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros de Argentina.
La medida contempla sanciones contra personas que promuevan o inciten mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por motivos de nacionalidad, además de establecer restricciones para quienes incurran en actos considerados como ultraje a los símbolos patrios.
El Gobierno de Milei ha señalado en particular la existencia de expresiones públicas y publicaciones en internet que, según su interpretación, exceden la crítica y pueden constituir discriminación, violencia u odio por motivos de nacionalidad.
La diferencia entre una crítica y una expresión sancionable será, sin embargo, uno de los puntos centrales de la discusión, debido a que el decreto deberá aplicarse dentro de los límites establecidos por la Constitución argentina y las garantías vinculadas con la libertad de expresión.
Argentina había mantenido históricamente una legislación migratoria considerada relativamente abierta en comparación con otros países de la región, pero el actual gobierno ha promovido modificaciones para endurecer las condiciones de ingreso, permanencia y expulsión de extranjeros.
El Gobierno argumentó que el Estado tiene facultades para establecer las condiciones de admisión y permanencia de personas extranjeras con el propósito de proteger el orden público, la seguridad interior y la cohesión social.
La Casa Rosada sostuvo que la defensa de la Nación, sus habitantes y sus símbolos constituye una prioridad y advirtió que quienes ataquen a Argentina no serán considerados bienvenidos.