La Fiscalía General del Estado de Bolivia emitió una nueva orden de aprehensión contra el expresidente Evo Morales, a quien acusa de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, además de otros delitos relacionados con las protestas y bloqueos carreteros que paralizaron gran parte del país durante mayo y junio de 2026.
Morales rechazó las acusaciones y aseguró que el proceso responde a una «persecución política», argumentando que las investigaciones buscan impedir su participación en la vida política del país y desviar la atención de la crisis económica que enfrenta Bolivia.
De acuerdo con la investigación, el exjefe de Estado es señalado por presuntamente promover o respaldar las movilizaciones que durante 53 días mantuvieron bloqueadas diversas carreteras estratégicas del país.
La Fiscalía sostiene que dichas acciones provocaron desabasto de combustible, alimentos y medicamentos, afectaron la movilidad nacional y derivaron en hechos de violencia que dejaron 22 personas fallecidas, además de importantes pérdidas económicas.
Entre los delitos imputados figuran:
- Terrorismo.
- Alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado.
- Atentados contra la seguridad de los medios de transporte.
- Otros cargos relacionados con la organización de las protestas y los bloqueos carreteros.
El exmandatario ya tenía procesos abiertos por otros casos, entre ellos uno iniciado en años anteriores relacionado con presuntos delitos de trata de personas y abuso de una menor, asunto por el que también existía una orden judicial para su detención tras no comparecer ante las autoridades.
Sin embargo, la nueva investigación está completamente vinculada a los acontecimientos políticos registrados durante las protestas de 2026, por lo que representa un expediente independiente con nuevas acusaciones.