La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Puebla hizo un llamado al Congreso del Estado para abrir un proceso de parlamento abierto antes de aprobar cualquier reforma relacionada con los derechos de niñas, niños y adolescentes, en medio del debate por iniciativas sobre identidad de género en menores.
A través de un posicionamiento público, el organismo subrayó que cualquier decisión legislativa debe construirse con rigor jurídico, científico, médico, psicológico y bioético, colocando en el centro el principio pro persona y el interés superior de la niñez.
COPARMEX Puebla reconoció el Estado de Derecho, así como la obligación del Congreso de atender los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero advirtió que legislar no significa hacerlo de forma inmediata ni sin suficiente deliberación.
En este sentido, el organismo patronal pidió que antes de emitir cualquier dictamen se convoque a especialistas en derecho constitucional, bioética, salud mental, desarrollo infantil, medicina y psicología, además de incluir a organizaciones civiles y asociaciones de padres de familia para enriquecer la discusión.
La organización enfatizó que las niñas, niños y adolescentes son personas en desarrollo que requieren una protección reforzada por parte del Estado, por lo que cualquier normativa debe garantizar su bienestar integral y evaluar de manera responsable sus posibles efectos.
Asimismo, COPARMEX rechazó cualquier forma de discriminación, violencia o exclusión, al tiempo que insistió en que las decisiones públicas deben construirse con base en el diálogo, la evidencia y la participación plural.
El pronunciamiento ocurre en el contexto de la discusión de reformas al Código Civil de Puebla para reconocer derechos relacionados con la identidad de género en menores, tema que ha generado posturas encontradas entre distintos sectores sociales, políticos y religiosos.
El llamado de la iniciativa privada se suma a otras voces que han pedido al Congreso de Puebla abrir el debate antes de avanzar en una legislación que impacte directamente los derechos de la infancia en la entidad.