El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmó que en el país “no volverá a haber elecciones” durante un acto conmemorativo por el 47 aniversario de la Revolución Sandinista, celebrado en Managua, lo que refuerza el control que el mandatario y su esposa, Rosario Murillo, mantienen sobre las instituciones del Estado
Durante su discurso, el presidente nicaragüense sostuvo que no permitirá que los partidos opositores vuelvan a ocupar el gobierno, afirmando que sus adversarios han intentado recuperar el poder a través de procesos electorales y aseguró que esa posibilidad quedará cerrada.
El mandatario también lanzó críticas contra sectores de la oposición, a los que vinculó con intereses extranjeros y con el pasado político de Nicaragua, declaraciones que fueron interpretadas como una señal de que el oficialismo pretende eliminar cualquier posibilidad de alternancia política mediante elecciones competitivas.
Daniel Ortega regresó a la Presidencia de Nicaragua en 2007 y desde entonces se ha mantenido en el poder. La situación se agravó especialmente después de las protestas de 2018, cuando una ola de movilizaciones contra el gobierno derivó en una fuerte represión y en una crisis que dejó cientos de muertos, además de provocar el exilio de numerosos opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.
En enero de 2022 asumió un nuevo mandato después de las elecciones celebradas en noviembre de 2021, unos comicios que fueron cuestionados internacionalmente por la detención de dirigentes opositores y por las condiciones en las que se desarrolló la contienda.
En los últimos años, el gobierno ha impulsado una creciente concentración del poder político, mientras organizaciones internacionales y grupos defensores de los derechos humanos han denunciado restricciones a las libertades civiles, persecución de opositores y cierre del espacio político.
Desde entonces, buena parte de las principales figuras opositoras han abandonado Nicaragua o han sido impedidas de participar en la política nacional.
La decisión de cerrar la vía electoral ocurre en un contexto de tensiones entre Nicaragua y Estados Unidos, ya que Washington ha impuesto sanciones contra funcionarios nicaragüenses y ha criticado de manera reiterada las políticas del gobierno de Ortega. Las medidas estadounidenses han estado relacionadas con acusaciones de corrupción, violaciones a los derechos humanos y acciones contra la oposición política.
Estados Unidos y otros gobiernos han insistido en la necesidad de que Nicaragua permita elecciones libres y competitivas, así como la liberación de presos políticos y el respeto a las libertades democráticas.
Sin embargo, Ortega ha rechazado históricamente las acusaciones de gobiernos extranjeros y sostiene que las sanciones forman parte de una estrategia de intervención contra su administración.