La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó el triunfo de Keiko Fujimori en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, con el 100% de las actas escrutadas, la candidata del partido Fuerza Popular obtuvo 50.135% de los votos, frente al 49.865% alcanzado por el aspirante de izquierda Roberto Sánchez, una diferencia de apenas 49 mil 641 sufragios.
Después de tres intentos fallidos en 2011, 2016 y 2021, Keiko finalmente llegará al Palacio de Gobierno y encabezará el país para el periodo 2026-2031, marcando además el regreso del fujimorismo al poder nacional 25 años después de la caída del gobierno de su padre, el expresidente Alberto Fujimori.
Los resultados finales muestran una de las elecciones más competidas en la historia democrática de Perú, después de que la ahora presidenta recibiera 9 millones 223 mil 396 votos, mientras que Roberto Sánchez obtuvo 9 millones 173 mil 755, una diferencia inferior al 0.3% del total de sufragios emitidos.
La proclamación oficial por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) está prevista para los próximos días, una vez concluyan los procedimientos legales establecidos por la legislación peruana y Keiko Fujimori asumirá formalmente el cargo el próximo 28 de julio, coincidiendo con el aniversario de la independencia peruana.
La nueva presidenta ha prometido enfocar su administración en el combate a la inseguridad, la recuperación económica, el fortalecimiento de la inversión privada y la generación de empleo, en un contexto marcado por años de inestabilidad institucional y alta rotación presidencial.
Pese al cierre oficial del conteo, Roberto Sánchez rechazó reconocer la derrota y denunció un supuesto fraude electoral, especialmente relacionado con el voto emitido por ciudadanos peruanos residentes en el extranjero.
El candidato izquierdista aseguró que recurrirá a instancias nacionales e internacionales para impugnar el resultado y pidió a sus simpatizantes mantenerse movilizados. Sin embargo, hasta el momento no ha presentado pruebas concluyentes que respalden sus acusaciones, mientras los organismos electorales sostienen que el proceso se desarrolló conforme a la legislación vigente.