Una jueza federal vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y a siete personas más por su presunta participación en una red dedicada al contrabando de combustibles, conocida como «huachicol fiscal».
Los imputados enfrentan cargos por delincuencia organizada y contrabando, delitos considerados graves por la legislación mexicana, por lo que también se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
La resolución fue emitida tras una audiencia que se prolongó por casi 40 horas mediante videoconferencia, la jueza determinó que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó datos de prueba suficientes para iniciar formalmente el proceso penal, sin que ello implique una sentencia condenatoria, ya que la responsabilidad de los acusados deberá resolverse durante las siguientes etapas del juicio.
De acuerdo con la investigación de la FGR, Ruffo Appel habría formado parte de una organización dedicada a introducir combustible al país simulando la importación de otros productos, con el objetivo de evadir impuestos y comercializar hidrocarburos de manera ilícita.
Las autoridades sostienen que el exmandatario habría recibido aproximadamente 18 millones de pesos por su presunta participación dentro de la estructura investigada. La indagatoria relaciona a los acusados con operaciones de huachicol fiscal, una modalidad distinta al robo de combustible en ductos, ya que consiste en alterar documentos aduaneros o declarar mercancías falsas para ingresar hidrocarburos sin cubrir las contribuciones correspondientes.
Según la Fiscalía, la red habría operado mediante empresas relacionadas con la importación y almacenamiento de combustibles, utilizando documentación presuntamente irregular para introducir grandes volúmenes de hidrocarburos al territorio nacional.
En distintos operativos realizados durante 2025 y 2026 fueron asegurados millones de litros de combustible, así como decenas de autotanques y diversa infraestructura presuntamente utilizada para almacenar y distribuir hidrocarburos introducidos ilegalmente al país.
El exgobernador fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 «Altiplano», en el Estado de México, considerado uno de los penales de máxima seguridad del país.