México obtuvo una victoria jurídica luego de que un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo adscrito al Banco Mundial, resolviera por unanimidad a favor del Estado mexicano, una demanda presentada por la empresa estadounidense Silver Bull Resources, que exigía una compensación superior a 315 millones de dólares.
La disputa se originó por un proyecto minero ubicado en Sierra Mojada, Coahuila, donde Silver Bull aseguró que una cooperativa minera local, presuntamente respaldada por autoridades regionales, impidió el desarrollo de sus actividades extractivas.
Con base en esos argumentos, la empresa presentó en 2023 una reclamación al amparo del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Según la empresa, a través de su filial Minera Metalín adquirió diversas concesiones entre 1996 y 2002 para desarrollar un proyecto de extracción de plata y otros minerales en Sierra Mojada.
Sin embargo, sostuvo que desde 2019 enfrentó obstáculos que terminaron por frenar el avance de la inversión. Durante el arbitraje, Silver Bull argumentó que el Estado mexicano había incumplido obligaciones establecidas en tratados internacionales de inversión y exigió una compensación económica superior a los 315 millones de dólares.
Por su parte, la defensa mexicana sostuvo que las autoridades de Coahuila actuaron de manera razonable frente a un conflicto social entre la empresa y habitantes de la región. Además, argumentó que las reclamaciones estaban prescritas o quedaban fuera del periodo de aplicación contemplado por el TLCAN.
El tribunal concluyó que no tenía competencia para resolver el fondo del asunto, por lo que desestimó completamente las reclamaciones de Silver Bull. Asimismo, rechazó la acusación de que el gobierno mexicano hubiera promovido o respaldado el bloqueo del proyecto minero.
Los árbitros determinaron que los hechos invocados por la empresa ocurrieron fuera del periodo temporal que podía ser analizado bajo las disposiciones del TLCAN, lo que dejó sin sustento jurídico gran parte de la demanda.
Además, el fallo ordenó a Silver Bull reembolsar al Estado mexicano una suma relevante por concepto de gastos y costos derivados del proceso arbitral, una decisión que refuerza el resultado favorable para el país.
La Secretaría de Economía calificó la resolución como una “victoria sumamente relevante”, al considerar que fortalece la certeza jurídica en materia de inversión internacional y confirma los límites de las obligaciones asumidas por México dentro de los tratados comerciales y de protección a inversiones.